Whistleblowing: denuncia de irregularidades en el ámbito laboral. El objetivo es sacar a la luz comportamientos que no son éticos dentro de una empresa y que pueden dañar la reputación de esta. La función principal es señalar conductas indebidas o incluso ilegales y delictivas que no son conocidas de forma pública. El gran problema de esto es la falta de protección de los “whistblowers” en muchos países. En España, en febrero de 2023 entra en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción para luchar contra esta desprotección. Esta nueva ley supone la transposición de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Esta nueva Ley tiene como objeto la lucha contra la corrupción en el sector privado y en el sector público. Además impone la creación de canales de denuncias internos que sean efectivos. Esta medida será obligatoria antes del 1 de diciembre de 2023 para empresas que cuenten con un número de trabajadores entre 50 y 249. También incide en las medidas de protección para los denunciantes, como la protección de datos.

Los aspectos principales de la Ley 2/2023 son:
● reforzar la cultura de cumplimiento de las entidades públicas y privadas mediante la protección de los denunciantes que informen sobre infracciones conocidas en el contexto laboral o profesional
● ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 sobre Whistleblowing.
● obligar a que las empresas admiten y tramiten denuncias anónimas
● revelación pública de las infracciones en algunos casos
● las medidas de protección para los whistleblowers se resumen en la prohibición de represalias contra el informante y asistencia que puede ser la concesión de apoyo financiero

Con esta formación online podrás saber todo lo necesario sobre esta nueva ley y, sobre todo, sobre su cumplimiento ya que esta norma afecta a personas físicas o jurídicas con 50 o más trabajadores contratados, administraciones estatales, autonómicas y locales, partidos políticos y sindicatos, fundaciones del sector público, autoridades administrativas independientes… Además, la implementación es obligatoria con un plazo máximo de tres meses después de la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 13 de junio de 2023. Las empresas con menos de 250 empleados tienen un plazo mayor, hasta el 1 de diciembre de 2023. Además, también es necesario conocer las sanciones para infracciones muy graves, como sanciones económicas, amonestaciones o prohibiciones.

También sería destacable nombrar que hay algunos casos en los que la Ley no se aplica, que serían informaciones que puedan afectar a información clasificada de la empresa, en el caso de la medicina y la abogacía, deben proteger el secreto profesional, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben mantener la confidencialidad. Tampoco afectará a secretos declarados reservados que estén acompañados de medidas de seguridad especiales.